Capitolio, San Juan – El representante popular, Jaime Perelló Borrás, emplazó hoy a los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos a que hagan cumplir la Ley Número 103, del 25 de marzo de 2006 conocida como “Ley de Reforma Fiscal”, la cual ellos mismos crearon y que ahora quieren ignorar. Esto en referencia a las violaciones cometidas por el Ejecutivo del mencionado estatuto, según se desprende de un reciente informe de la Oficina del Contralor, en el cual se pueden identificar varias agencias que no han remitido información importante sobre sus transacciones de personal, información que por Ley tienen que remitir.
“Este gobierno se ha dedicado a botar empleados públicos y hacer recortes con el pretexto de un déficit fiscal que ni siquiera se han atrevido a certificar. Ahora vemos que tampoco cumplen con las disposiciones de la Ley de Reforma Fiscal que ellos presentaron y aprobaron el cuatrienio pasado. Más aún, ni siquiera hay evidencia de que los propios Jefes de Agencias cumplen con las órdenes ejecutivas del Gobernador Fortuño que les obliga entre otras cosas, congelar puestos de trabajo y detiene todo nuevo nombramiento sin previa autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), además de eliminación de puestos de confianza en un 30 % y la reducción en contratos de servicios en un 15%” indicó Perelló.
La Ley de Reforma Fiscal obliga al Gobierno a rendir cuentas sobre múltiples asuntos de naturaleza fiscal y administrativa, y actualmente es el único mecanismo legal que tiene el pueblo y la Asamblea Legislativa para constatar si las medidas de ahorros y control fiscal que esta administración estableció mediante órdenes ejecutivas se están cumpliendo. Además, este Gobierno continuamente viola dicho estatuto al incurrir en gastos de difusión pública que están prohibidos.
El también portavoz popular en la Comisión de Gobierno, mostró anuncios a color de página completa en diferentes rotativos del país que están en violación al referido estatuto. Este señaló que el único propósito que tienen estos anuncios es exponer logros de la administración Fortuño, a base de meras proyecciones. Además, como otro ejemplo Perelló Borrás mencionó que este gobierno ha incurrido en gastos millonarios en contratos de cabilderos y al día de hoy no han podido proveer información que demuestre que hayan cumplido con el requisito legal de la Ley 103, Artículo 18, que establece lo siguiente: “Cualquier contrato para estos servicios, deberá producir mayor cantidad en fondos federales o beneficios, que el monto de fondos públicos erogados para cubrir la cuantía del mismo”.
La Ley de Reforma Fiscal provee para, entre otras cosas, requerir informes sobre los puestos ocupados, los contratos de servicios profesionales otorgados, el número de puestos ocupados, por categoría, al principio y a final del año fiscal, incluyendo la cuantía total de la nómina, análisis de economías efectuadas, ingresos, etc. Dicha información debe ser radicada en la Oficina del Contralor, en la Secretaría de la Cámara de Representantes y el Senado y ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Estos informes deben presentarse mensualmente por cada agencia del Gobierno.
"El Gobernador tiene que ser responsable y cumplir con la Ley. Lo menos que puede hacer es brindarle a la legislatura y al país, la información necesaria que demuestre el efecto que han tenido sus medidas. Los gastos en publicidad, conocer si los puestos de las personas despedidas no han sido llenados, son información vital para saber que no está jugando con la mente de los puertorriqueños. Sus anteriores acciones siempre han sido en detrimento del derecho del ciudadano a acceder a información pública. No obstante, me niego a aceptar que oculte toda esta información para burlarse deliberadamente del pueblo y manipularnos", indicó Perelló.
Otro requisito de esta Ley es la certificación de disponibilidad de fondos para la aprobación de medidas legislativas que tengan algún impacto en el gasto de fondos públicos. Al momento hay decenas de informes de medidas presentadas en la Legislatura, que no contienen dichos datos en una clara violación a la misma ley.
“Esta Asamblea Legislativa, tanto Cámara y Senado, ya no pueden hacerse de la vista larga y ser cómplices de esta Administración. Tienen el deber de hacer cumplir la Ley 103 y pedirle cuentas a esta administración sobre si realmente se ha ajustado el cinturón en áreas que no contemplaban el despido de empleados, y los cuales generarían economías para el Gobierno”, concluyó Perelló Borrás.
