Tribunal falla a favor de representantes populares: ordena a la OGP informar sobre eliminación y creación de plazas en el gobierno central

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Tribunal falla a favor de representantes populares: ordena a la OGP informar sobre eliminación y creación de plazas en el gobierno central
Escrito el: 25 de mayo de 2009 - Categoria: En Favor del Trabajador

Capitolio, San Juan (25 de mayo de 2009) – El Juez Carlos Dávila Vélez ordenó a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Brás, entregar en los próximos diez días a los representantes populares por acumulación, Jaime Perelló y Carmen Yulín Cruz Soto, información que ambos le habían requerido sobre la creación de nuevos puestos, las plazas vacantes que han sido ocupadas, así como información detallada sobre la eliminación de plazas de confianza, a tenor con el cumplimiento de una orden ejecutiva que declara una crisis fiscal en el gobierno y que es la excusa de la Administración Fortuño para despedir miles de empleados públicos.

En conferencia de prensa en el Capitolio, ambos legisladores del Partido Popular dieron a conocer la orden emitida el pasado viernes por el juez de Primera Instancia Dávila Vélez, en respuesta a un recurso de Mandamus que los representantes tuvieron que incoar ante la constante negativa de la Directora Ejecutiva de la OGP a ofrecer la información solicitada.

“Se ordena a la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que provea en diez días a los co demandantes Hon. Cruz Soto y Hon. Perelló Borrás la información pública relacionada a las solicitudes de las agencias de autorización para la creación de nuevos puestos o para llenar vacantes y la determinación de la OGP sobre éstas; los informes que le rindan las agencias sobre los puestos de confianza eliminados y el ahorro que les representa; así como la reducción de los gastos operacionales de las agencias”, dice la orden judicial.

Los representantes habían solicitado también que se le ordenara a la OGP certificar el déficit, pero esta parte de la solicitud el juez la declaró académica por la carta que la OGP entregó el mismo día que el Gobernador Fortuño ofreció el mensaje de presupuesto. Aunque el juez no entró en los meritos de este planteamiento la contención sigue siendo que la cifra de $3,200 millones de déficit es falsa y corresponde a una manipulación acomodaticia de información para justificar la magnitud de la crisis fiscal que alega el Ejecutivo y despedir a más de 30,000 empleados públicos. No obstante, surge de la orden que si OGP no hubiera entregado la carta que Fortuño usó en su mensaje de presupuesto, habría tenido que emitir la certificación solicitada.

Los representantes destacaron, además, que esta decisión del Juez Dávila Vélez es extensiva al derecho que tiene todo ciudadano en tener acceso a documentos e información pública.

“Nos sentimos sumamente complacidos con esta sentencia que legitima el derecho de los legisladores a que se les provea, por parte de las agencias de gobierno, la información pública para el desempeño responsable de sus deberes. Al mismo tiempo, esta orden les reitera a los jefes de agencia el deber que tienen de ofrecer esa información. Vinimos a legislar basados en datos y no vamos a permitir que la Administración de Luis Fortuño no acceda a que la información que proveen sea tomada como válida sin que sea debidamente cuestionada, si es necesario”, sentenció el representante Perelló.

“Que sepa el Ejecutivo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando el despido de miles de padres y madres de familia mientras en las agencias de gobierno se sigue nombrando personal de confianza con sueldos injustificados y contratando empresas privadas para ofrecer servicios. Cuando presenten datos en la Cámara de Representantes, nosotros exigiremos que los sustenten debidamente para que no sigan construyendo falsas imágenes de gobierno responsable y comedido en el gasto público”, agregó.

La representante Carmen Yulín Cruz recordó que en una vista pública de la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 6 de febrero, solicitó de la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que le proveyera una lista por agencia de los 877 puestos de confianza reportados como eliminados y que incluyera los ahorros asignados a cada puesto así como un informe detallado del cumplimiento de la OE-2009-01.

“Esta sentencia de Mandamus reivindica los poderes de la Asamblea Legislativa frente a la insistencia de este gobierno gobernar a la trágala y de ocultar información. Con esta decisión no sólo se reivindica nuestro trabajo, sino que se demuestra nuestro interés genuino de tomar decisiones bien informados y con ella se garantiza el derecho de todo legislador y aún más de la minoría de solicitar la información que consideramos importante para defender los intereses de todos los puertorriqueños”, añadió Carmen Yulín Cruz.

La legisladora sostuvo que “de entrada, este gobierno declaró una crisis fiscal para justificar medidas extremas que han sumido nuestra economía en un estancamiento profundo como lo es la amenaza de despido sobre 30,000 empleados públicos. Han dicho que han reducido los puestos de confianza y los legisladores tenemos derecho a constatar que esto es real o si es una manejo acomodaticio de datos para decir que se está siendo estricto y juicioso con los fondos públicos”.

Perelló, portavoz popular en la Comisión de Gobierno, advirtió que estarán muy atentos a que la OGP cumpla con el plazo que les dio el juez y que si no cumplen, acudirán nuevamente al tribunal para que la Directora Ejecutiva Sánchez Brás sea declarada incursa en desacato. “Para defender los derechos de los puertorriqueños y frenar aquellas políticas que consideramos injustas y erradas, acudiremos al tribunal cuantas veces sea necesario”, dijo Perelló.

“El Departamento de Justicia, en la vista que se efectuó ante el juez Dávila Vélez argumentó que la representante Carmen Yulín Cruz ni yo teníamos legitimación o standing para hacer esta solicitud de información. Evidentemente, era parte de la estrategia del Ejecutivo para ocultar información. Ha sido necesario que la minoría del Partido Popular acuda en dos instancias a la corte para que se le ordene al Ejecutivo dar información que le es solicitada por miembros de la Asamblea Legislativa. Confiamos en que no será necesaria una tercera ocasión”, advirtió Perelló.

Los legisladores habían acudido al tribunal para que se le ordenara a la directora ejecutiva de la OGP producir varios documentos relacionados a las medidas para atender los asuntos económicos del gobierno. En su solicitud, establecieron que la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene, según la Ley Orgánica de dicha agencia, el deber de asesorar a la Asamblea Legislativa sobre asuntos presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa, así como en asuntos de naturaleza fiscal.